Echadle un poco de imaginación. La medida se llevó a cabo para reducir el déficit de tarifa (resultado de la diferencia entre los costes de producir la electricidad y los ingresos reconocidos a las generadoras). Estaba, por tanto, destinada a obtener ahorros.
La cuestión es que la propia que la ley eléctrica establece que los superávits obtenidos (más de 1.200 millones desde el 2014) deben destinarse a reducir la deuda eléctrica, que supera los 23.000 millones de euros.
En el proyecto de ley de Presupuestos del Estado para el 2017, el Gobierno se las ha ingeniado para sortear la prohibición de la ley eléctrica y permitir usar el superávit para pagar sentencias judiciales relacionadas con el sector eléctrico. Magia. Echa le ley...
Teniendo en cuenta que quedan pendientes de resolución en torno a una treintena de denuncias en organismos arbitrales por más de 3.500 millones, el tema es para preocuparse. Aunque el ministerio de Energía se esfuerce en quitarle públicamente importancia y a pesar de que los organismos arbitrales suelen rebajar la cantidad que solicita el reclamante.
Por cierto, tras dos resoluciones favorables a España, relacionadas con las medidas tomadas por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en el 2010; esta corresponde a los recortes llevados a cabo por el dimisionario ministro de Industria José Manuel Soria, y el secretario de Energía de entonces, Alberto Nadal, hermano gemelo del titular de la nueva cartera de Energía, Álvaro; y hoy secretario de Estado de Presupuestos. Todo queda en familia. Y, quedando pendientes tantos fallos, al Gobierno le quedan pocas salidas:
Una sería cargarlo sobre la tarifa, lo cual supondría recargar sobre la misma otro coste adicional, cuando ya sufre una sobrecarga de los mismos. Otra vía sería cargos a los Presupuestos, es decir, a cuenta de los impuestos que pagamos todos y poniendo en riesgo el sacrosanto objetivo de déficit público.
La otra opción será recurrir al superávit, saltándose su propia legalidad. Ya puestos, la seguridad jurídica no es signo distintivo del país ni, especialmente, del Gobierno del PP.
En resumidas cuentas, se toma la opción que se tome, tras los recursos y demoras que el Ejecutivo seguro que buscará para quietarse el problema de encima, quienes pagarán estas malas prácticas serán tanto quienes se vieron perjudicados por las mismas, es decir, quienes invirtieron creyendo en unas reglas de juego que les cambiaron a mitad de partido; y el resto de los usuarios. Y con intereses. Esto sí que es economía circular, como destaca el experto Jorge Morales de Labra.
¡Boom!— Jorge Morales dLabra (@jorpow) 5 de mayo de 2017
España pierde el primer arbitraje por el hachazo a renovables
¿Adivinas quién va a pagar las indemnizaciones?https://t.co/3yTun5wTb0
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